El reciente escándalo del DAS vuelve a poner sobre el tapete el tema de las interceptaciones ilegales de comunicaciones privadas y su divulgación. La reestructuración a fondo del DAS o su reemplazo por otra entidad ya no aguanta más aplazamientos. La opinión está harta de escándalos, abusos y corruptelas. Pero también es hora de discutir el tema de la divulgación pública de las interceptaciones ilegales, que son prohibidas en muchos países democráticos.
En primer lugar, no se entiende por qué no ha entrado aún en vigencia la Ley de Inteligencia aprobada por el Congreso el año pasado, la cual fortalece los controles y aumenta sustancialmente las penas a los funcionarios que realicen filtraciones de información, entre otras medidas. Y tampoco se comprende que sigan engavetadas las recomendaciones de la Comisión para la reforma del DAS.
Desde hace años muchos hemos insistido en que el DAS está totalmente desnaturalizado y sobredimensionado. ¿Alguien se imagina a la CIA haciendo control de pasaportes en los aeropuertos, expidiendo certificados judiciales o escoltando sindicalistas? El DAS debe achicarse y concentrarse en lo que le toca: hacer inteligencia. De manera legal, claro. Pero la enorme dispersión de funciones y su gigantismo han contribuido a su absoluto descontrol. Lo hemos dicho decenas de veces, pero nadie le pone el cascabel al gato. Por lo pronto, retirar las interceptaciones del DAS es una buena medida, si es temporal y mientras se adelantan las investigaciones y se castiga a los responsables de las grabaciones ilícitas. Pero esa sana medida de emergencia no reemplaza las necesarias reformas de fondo.
Esta falta de control ha propiciado un amplio y activo mercado de interceptaciones ilegales, que en los últimos meses pueden haber llegado a un millón. Paras, guerrilleros, narcotraficantes, crimen organizado, gente descarriada del común, y uno que otro funcionario con exceso de celo, han alimentado esos actos ilegales. Periodistas, empresarios, políticos, jueces y altos funcionarios públicos han sido sus víctimas. La impunidad que cobija a los agentes que hacen las interceptaciones sostiene el delito. Pero los medios de comunicación que, de buena fe y con la mejor voluntad democrática, divulgan algunas de esas interceptaciones, agravan el problema. Por tanto, los controles deben fortalecerse, la impunidad debe acabarse y la divulgación debe regularse.
Y debe regularse porque la libertad de prensa, al igual que cualquier otra libertad en una democracia, no puede ser absoluta. Tiene un límite en los derechos de otros, sea a su intimidad o a la seguridad colectiva. Además, debe regularse también por razones de política criminal: en primer lugar, porque esa divulgación puede poner en riesgo las investigaciones de las autoridades, y, en segundo lugar, porque fomenta la extorsión (si no me pagas, lo hago público). Y la extorsión incentiva el mercado, cerrando así un círculo vicioso.
No estamos proponiendo ninguna medida autoritaria.Según el profesor Eugenio Zaffaroni, de la Universidad de Buenos Aires, muchas democracias modernas prohíben en sus códigos la divulgación de interceptaciones legales e ilegales, entre otros: el español de 1995 (Artículo 197), el alemán de 1975 (párrafo 201), el austríaco de 1974 (párrafo 120), el francés de 1994 ( Artículo 226-15), el portugués de 1982 ( Artículo 192). Y nadie podría decir que en esos países no existe libertad de prensa. Hay antecedentes aun más remotos: el código argentino de 1921, el holandés de 1880, y el italiano de 1889 penalizaban la divulgación de correspondencia violada. Y otros más recientes: hace tan sólo cinco meses el gobierno del presidente Lula en Brasil -a quien nadie puede acusar de autoritario-, presentó al Congreso un proyecto de ley que castiga la divulgación de interceptaciones legales o ilegales, sin autorización de un juez.
No obstante, para adaptar estos antecedentes a nuestro tiempo y entorno colombiano, propongo seguir el ejemplo portugués: prohibir la divulgación de las interceptaciones, legales e ilegales, telefónicas y de correos, excepto aquellas que denuncien la comisión de actos ilícitos por parte de servidores públicos en ejercicio de sus funciones, o de terceras personas que participen en ellos. Esto permitiría, simultáneamente, proteger la intimidad de los ciudadanos, acabar con la extorsión y el mercado ilegal de interceptaciones, proteger las investigaciones de las autoridades, y al mismo tiempo preservar la acción de la prensa en procura de la transparencia y la pulcritud de la gestión pública.
Por Alfredo Rangel
