‘El Gobierno es víctima’

Para el ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, el gobierno del presidente Alvaro Uribe “es una de las principales víctimas” de la supuesta red de espionaje telefónico.

“Sería ridículo que el presidente chuzara a sus amigos más cercanos”, aseguró Valencia el domingo a la AP. Se quejó de que Semana no hubiera “publicado toda la historia, todo el cuento” y afirmó que también estaban intervenidos los teléfonos de la secretaria privada de Uribe y de algunos de sus asesores.

Para el ministro, “un pequeño grupo de delincuentes del DAS fue el que creó todo esto”, y se preguntó “¨quién paga por esto?, ¨cuál es el objetivo?”. El DAS obedece órdenes directas de la Presidencia. Hasta ahora, Uribe ha guardado silencio sobre el tema.

Tras la divulgación de la denuncia, el director del DAS dijo que una aparente red mafiosa o delictiva en el seno de la institución que dirige podría ser responsable del espionaje telefónico.

El magistrado Iván Velásquez, uno de los nombrados por Semana, dijo a la AP que desde el 2007 denunció a las autoridades que es víctima de seguimiento de parte de los cuerpos de seguridad y calificó a los detectives como “unos sinverguenzas”.

La Corte Suprema de Justicia investiga a unos 60 congresistas y ex congresistas por sus presuntos vínculos con paramilitares, en su mayoría simpatizantes de las políticas de Uribe.

El senador opositor Gustavo Petro, otro de los supuestos afectados, aseguró que es el propio mandatario quien “persigue a la oposición y a la prensa libre”, para lo cual habría dado la orden de realizar el espionaje. El DAS es una entidad que ha estado plagada de escándalos.

Uno de sus ex directores, Jorge Noguera, está en prisión por presuntamente filtrar información a los grupos paramilitares que operaban en el país. También existen otros antecedentes recientes de espionaje telefónico, como la destitución de 11 generales de la policía en mayo del 2007 por interceptar clandestinamente las comunicaciones de opositores y funcionarios del gobierno. Algunos de los relevados enfrentan cargos penales.

En el 2000, la Fiscalía vinculó penalmente a varios funcionarios del DAS y la policía por escuchar ilícitamente las conversaciones telefónicas de jueces, periodistas y líderes sindicales. Al final, la indagación fue archivada por falta de pruebas contra los sindicados.
En Colombia, una interceptación telefónica sólo puede ser autorizada por un juez.

Según la denuncia de Semana, todas las “chuzadas” hechas desde el DAS no tenían autorización legal.