Felipe Muñoz, director del DAS, aclaró que en contra del funcionario no existe ninguna investigación ni penal ni disciplinaria.
Además, señaló que en su escritorio se encuentran las cartas de renuncia de todos los otros miembros del grupo de inteligenca del organismo.
Este domingo el Fiscal General anunció que el CTI ocuparía las oficinas del DAS para iniciar una investigación minuciosa que determinará si en realidad hubo interceptación a los teléfonos de varios personajes del país.
Iguarán señaló que una comisión especial será la encargada de revisar los equipos utilizados para esta función y que se entrsvistará a cada una de las personas que trabajan en este departamento.
Después que se desató el escándalo, varios sectores han salido a ratificar que el Gobierno no tiene nada que ver: "Detrás de esto hay bandas criminales, enemigos de Colombia. Es una situación muy grave y se llegará al fondo de la investigación", dijo el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos a Caracol Radio.
A la defensa también salió el Ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia, quien aseguró que el gobierno de Uribe no tiene nada que ver en estos hechos y que por el contrario, es el primer interesado en esclarecer quién estás detrás de estas denuncias, es el mismo presidente.
Además, instó a los medios de comunicación a que brinden toda la información necesaria a las autoridades para lograr avanzar en la investigación.
"Estamos ante la presencia de un Gobierno policiaco que ha destruido los espacios de la democracia, que no respeta los valores y los principios de la democracia, de nuestra Constitución. Ha usado la policía en función de destruir a la oposición y no de destruir al crimen", señaló por su parte el senador del Polo Democrático Gustavo Petro.
Por su parte, el senador Gustavo Petro dijo que se debe reformar el servicio de inteligencia DAS y pasar sus oficinas y funciones a la Fiscalía.
El presidente tiene que explicar por qué "está investigando a la oposición democrática de Colombia, a la prensa libre y a quienes no piensan como él en vez de investigar a los criminales, muchos de los cuales, por el contrario, lo que hacen es entrar al Palacio de Nariño a hablar con sus funcionarios", puntualizó.
En un comunicado de cinco puntos, el director del organismo de inteligencia, señaló que adelantará personalmente una investigación interna para establecer los responsables y poder iniciar un proceso de judicialización.
Así mismo, rechazó enfáticamente este tipo de actuaciones que se dieron a conocer en la última publicación de la revista Semana, donde se reveló que el DAS graba ilegalmente a magistrados, periodistas y políticos y se ha puesto al servicio de narcos, paras y guerrilleros.
Según la publicación entre los 'chuzados' están los magistrados Francisco Javier Ricaurte e Iván Velásquez Gómez, políticos de oposición, generales de la República, fiscales, y hasta algunos miembros del alto gobierno hacían parte del grupo que desde hace varios meses estaba siendo monitoreado por el organismo de seguridad.
También encontró que interceptaron llamadas y correos de periodistas como Darío Arizmendi, director de Caracol radio; Alejandro Santos, director de la revista Semana; Julio Sánchez Cristo, director de la W radio, Daniel Coronell, director de Noticia UNO y Ramiro Bejarano, columnista de El Espectador.
"Acá se trabaja por blancos y objetivos que puedan ser una amenaza a la seguridad del Estado y del Presidente. Dentro de esos está la guerrilla, las bacrim (bandas criminales), algunos narcos. Pero dentro de esos blancos también están, y es obvio como parte de una de las funciones del DAS, controlar a algunos personajes e instituciones para mantener informada a la Presidencia. Por ejemplo, cómo no va a ser misión del DAS controlar a Petro, que es un ex guerrillero y es de la oposición. O a Piedad Córdoba, por sus vínculos con Chávez y la guerrilla", dijo a esa publicación un detective que trabaja en la subdirección de operaciones del DAS.
"Cuando se agudizó el enfrentamiento entre la Corte y Presidencia, hace como un año y medio, la orden era saber todo lo posible de todos los magistrados, con los medios que fueran necesarios, desde fuentes humanas hasta medios técnicos. Cuando el enfrentamiento empezó a disminuir los controles se concentraron sólo en aquellos que fueran más prioritarios...", le dijo otra fuente a Semana.
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