Chuzadas : el DAS y la prensa

El reciente escándalo del DAS vuelve a poner sobre el tapete el tema de las interceptaciones ilegales de comunicaciones privadas y su divulgación. La reestructuración a fondo del DAS o su reemplazo por otra entidad ya no aguanta más aplazamientos. La opinión está harta de escándalos, abusos y corruptelas. Pero también es hora de discutir el tema de la divulgación pública de las interceptaciones ilegales, que son prohibidas en muchos países democráticos.

En primer lugar, no se entiende por qué no ha entrado aún en vigencia la Ley de Inteligencia aprobada por el Congreso el año pasado, la cual fortalece los controles y aumenta sustancialmente las penas a los funcionarios que realicen filtraciones de información, entre otras medidas. Y tampoco se comprende que sigan engavetadas las recomendaciones de la Comisión para la reforma del DAS.

Desde hace años muchos hemos insistido en que el DAS está totalmente desnaturalizado y sobredimensionado. ¿Alguien se imagina a la CIA haciendo control de pasaportes en los aeropuertos, expidiendo certificados judiciales o escoltando sindicalistas? El DAS debe achicarse y concentrarse en lo que le toca: hacer inteligencia. De manera legal, claro. Pero la enorme dispersión de funciones y su gigantismo han contribuido a su absoluto descontrol. Lo hemos dicho decenas de veces, pero nadie le pone el cascabel al gato. Por lo pronto, retirar las interceptaciones del DAS es una buena medida, si es temporal y mientras se adelantan las investigaciones y se castiga a los responsables de las grabaciones ilícitas. Pero esa sana medida de emergencia no reemplaza las necesarias reformas de fondo.

Esta falta de control ha propiciado un amplio y activo mercado de interceptaciones ilegales, que en los últimos meses pueden haber llegado a un millón. Paras, guerrilleros, narcotraficantes, crimen organizado, gente descarriada del común, y uno que otro funcionario con exceso de celo, han alimentado esos actos ilegales. Periodistas, empresarios, políticos, jueces y altos funcionarios públicos han sido sus víctimas. La impunidad que cobija a los agentes que hacen las interceptaciones sostiene el delito. Pero los medios de comunicación que, de buena fe y con la mejor voluntad democrática, divulgan algunas de esas interceptaciones, agravan el problema. Por tanto, los controles deben fortalecerse, la impunidad debe acabarse y la divulgación debe regularse.

Y debe regularse porque la libertad de prensa, al igual que cualquier otra libertad en una democracia, no puede ser absoluta. Tiene un límite en los derechos de otros, sea a su intimidad o a la seguridad colectiva. Además, debe regularse también por razones de política criminal: en primer lugar, porque esa divulgación puede poner en riesgo las investigaciones de las autoridades, y, en segundo lugar, porque fomenta la extorsión (si no me pagas, lo hago público). Y la extorsión incentiva el mercado, cerrando así un círculo vicioso.

No estamos proponiendo ninguna medida autoritaria.Según el profesor Eugenio Zaffaroni, de la Universidad de Buenos Aires, muchas democracias modernas prohíben en sus códigos la divulgación de interceptaciones legales e ilegales, entre otros: el español de 1995 (Artículo 197), el alemán de 1975 (párrafo 201), el austríaco de 1974 (párrafo 120), el francés de 1994 ( Artículo 226-15), el portugués de 1982 ( Artículo 192). Y nadie podría decir que en esos países no existe libertad de prensa. Hay antecedentes aun más remotos: el código argentino de 1921, el holandés de 1880, y el italiano de 1889 penalizaban la divulgación de correspondencia violada. Y otros más recientes: hace tan sólo cinco meses el gobierno del presidente Lula en Brasil -a quien nadie puede acusar de autoritario-, presentó al Congreso un proyecto de ley que castiga la divulgación de interceptaciones legales o ilegales, sin autorización de un juez.

No obstante, para adaptar estos antecedentes a nuestro tiempo y entorno colombiano, propongo seguir el ejemplo portugués: prohibir la divulgación de las interceptaciones, legales e ilegales, telefónicas y de correos, excepto aquellas que denuncien la comisión de actos ilícitos por parte de servidores públicos en ejercicio de sus funciones, o de terceras personas que participen en ellos. Esto permitiría, simultáneamente, proteger la intimidad de los ciudadanos, acabar con la extorsión y el mercado ilegal de interceptaciones, proteger las investigaciones de las autoridades, y al mismo tiempo preservar la acción de la prensa en procura de la transparencia y la pulcritud de la gestión pública.

Por Alfredo Rangel

‘El Gobierno es víctima’

Para el ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, el gobierno del presidente Alvaro Uribe “es una de las principales víctimas” de la supuesta red de espionaje telefónico.

“Sería ridículo que el presidente chuzara a sus amigos más cercanos”, aseguró Valencia el domingo a la AP. Se quejó de que Semana no hubiera “publicado toda la historia, todo el cuento” y afirmó que también estaban intervenidos los teléfonos de la secretaria privada de Uribe y de algunos de sus asesores.

Para el ministro, “un pequeño grupo de delincuentes del DAS fue el que creó todo esto”, y se preguntó “¨quién paga por esto?, ¨cuál es el objetivo?”. El DAS obedece órdenes directas de la Presidencia. Hasta ahora, Uribe ha guardado silencio sobre el tema.

Tras la divulgación de la denuncia, el director del DAS dijo que una aparente red mafiosa o delictiva en el seno de la institución que dirige podría ser responsable del espionaje telefónico.

El magistrado Iván Velásquez, uno de los nombrados por Semana, dijo a la AP que desde el 2007 denunció a las autoridades que es víctima de seguimiento de parte de los cuerpos de seguridad y calificó a los detectives como “unos sinverguenzas”.

La Corte Suprema de Justicia investiga a unos 60 congresistas y ex congresistas por sus presuntos vínculos con paramilitares, en su mayoría simpatizantes de las políticas de Uribe.

El senador opositor Gustavo Petro, otro de los supuestos afectados, aseguró que es el propio mandatario quien “persigue a la oposición y a la prensa libre”, para lo cual habría dado la orden de realizar el espionaje. El DAS es una entidad que ha estado plagada de escándalos.

Uno de sus ex directores, Jorge Noguera, está en prisión por presuntamente filtrar información a los grupos paramilitares que operaban en el país. También existen otros antecedentes recientes de espionaje telefónico, como la destitución de 11 generales de la policía en mayo del 2007 por interceptar clandestinamente las comunicaciones de opositores y funcionarios del gobierno. Algunos de los relevados enfrentan cargos penales.

En el 2000, la Fiscalía vinculó penalmente a varios funcionarios del DAS y la policía por escuchar ilícitamente las conversaciones telefónicas de jueces, periodistas y líderes sindicales. Al final, la indagación fue archivada por falta de pruebas contra los sindicados.
En Colombia, una interceptación telefónica sólo puede ser autorizada por un juez.

Según la denuncia de Semana, todas las “chuzadas” hechas desde el DAS no tenían autorización legal.

Primera destitución del DAS luego de escándalo de las 'chuzadas'

Felipe Muñoz, director del DAS, aclaró que en contra del funcionario no existe ninguna investigación ni penal ni disciplinaria.

Además, señaló que en su escritorio se encuentran las cartas de renuncia de todos los otros miembros del grupo de inteligenca del organismo.

Este domingo el Fiscal General anunció que el CTI ocuparía las oficinas del DAS para iniciar una investigación minuciosa que determinará si en realidad hubo interceptación a los teléfonos de varios personajes del país.

Iguarán señaló que una comisión especial será la encargada de revisar los equipos utilizados para esta función y que se entrsvistará a cada una de las personas que trabajan en este departamento.

Después que se desató el escándalo, varios sectores han salido a ratificar que el Gobierno no tiene nada que ver: "Detrás de esto hay bandas criminales, enemigos de Colombia. Es una situación muy grave y se llegará al fondo de la investigación", dijo el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos a Caracol Radio.

A la defensa también salió el Ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia, quien aseguró que el gobierno de Uribe no tiene nada que ver en estos hechos y que por el contrario, es el primer interesado en esclarecer quién estás detrás de estas denuncias, es el mismo presidente.

Además, instó a los medios de comunicación a que brinden toda la información necesaria a las autoridades para lograr avanzar en la investigación.

"Estamos ante la presencia de un Gobierno policiaco que ha destruido los espacios de la democracia, que no respeta los valores y los principios de la democracia, de nuestra Constitución. Ha usado la policía en función de destruir a la oposición y no de destruir al crimen", señaló por su parte el senador del Polo Democrático Gustavo Petro.

Por su parte, el senador Gustavo Petro dijo que se debe reformar el servicio de inteligencia DAS y pasar sus oficinas y funciones a la Fiscalía.

El presidente tiene que explicar por qué "está investigando a la oposición democrática de Colombia, a la prensa libre y a quienes no piensan como él en vez de investigar a los criminales, muchos de los cuales, por el contrario, lo que hacen es entrar al Palacio de Nariño a hablar con sus funcionarios", puntualizó.

En un comunicado de cinco puntos, el director del organismo de inteligencia, señaló que adelantará personalmente una investigación interna para establecer los responsables y poder iniciar un proceso de judicialización.

Así mismo, rechazó enfáticamente este tipo de actuaciones que se dieron a conocer en la última publicación de la revista Semana, donde se reveló que el DAS graba ilegalmente a magistrados, periodistas y políticos y se ha puesto al servicio de narcos, paras y guerrilleros.

Según la publicación entre los 'chuzados' están los magistrados Francisco Javier Ricaurte e Iván Velásquez Gómez, políticos de oposición, generales de la República, fiscales, y hasta algunos miembros del alto gobierno hacían parte del grupo que desde hace varios meses estaba siendo monitoreado por el organismo de seguridad.

También encontró que interceptaron llamadas y correos de periodistas como Darío Arizmendi, director de Caracol radio; Alejandro Santos, director de la revista Semana; Julio Sánchez Cristo, director de la W radio, Daniel Coronell, director de Noticia UNO y Ramiro Bejarano, columnista de El Espectador.

"Acá se trabaja por blancos y objetivos que puedan ser una amenaza a la seguridad del Estado y del Presidente. Dentro de esos está la guerrilla, las bacrim (bandas criminales), algunos narcos. Pero dentro de esos blancos también están, y es obvio como parte de una de las funciones del DAS, controlar a algunos personajes e instituciones para mantener informada a la Presidencia. Por ejemplo, cómo no va a ser misión del DAS controlar a Petro, que es un ex guerrillero y es de la oposición. O a Piedad Córdoba, por sus vínculos con Chávez y la guerrilla", dijo a esa publicación un detective que trabaja en la subdirección de operaciones del DAS.

"Cuando se agudizó el enfrentamiento entre la Corte y Presidencia, hace como un año y medio, la orden era saber todo lo posible de todos los magistrados, con los medios que fueran necesarios, desde fuentes humanas hasta medios técnicos. Cuando el enfrentamiento empezó a disminuir los controles se concentraron sólo en aquellos que fueran más prioritarios...", le dijo otra fuente a Semana.

Oasis

Por: Gonzalo Gallo
Noviembre 21 de 2008

Los que no pueden escribir en un periódico le trasmiten a uno inquietudes que a veces conviene compartir:

- ¿Qué cambios radicales haría el Gobierno si uno de tantos falsos positivos del pueblo fuera hijo del Presidente o de un ministro?
- Diciendo "perdonen que tardamos", ¿el Gobierno le devuelve la vida a tres muertos y la plata a millares de pobres ahorradores?
- ¿Hará algo este Gobierno tan amigo de los banqueros para que éstos no ganen billones mientras abusan de sus clientes?
- ¿Por qué surgen en pocos días tantas pruebas contra DMG que no aparecieron en años?
- ¿Por qué el Superintendente cae solito como chivo expiatorio y los que mandan más siguen tan frescos?
- Como bien dicen economistas serios, ¿por qué el Gobierno se la gastó toda en épocas de vacas gordas? Nadie niega las cosas buenas, pero persisten la corrupción, un gran hueco social y politiquería como nunca.

Un Aplauso

Un aplauso. Está muy bien que por fin los más altos representantes del Estado empiecen a reconocer lo que desde hace decenios un general tras otro, un ministro de Defensa tras otro, un presidente tras otro, han negado en redondo: que las Fuerzas Armadas cometen excesos. Torturas. Detenciones que terminan en la desaparición de los detenidos. Ejecuciones extrajudiciales. Crímenes de guerra. Hay que felicitar al presidente Uribe, al ministro Santos, al general Padilla, por su decisión de pasar a retiro a tres generales y siete coroneles (y otros tres más hace ocho días), más una docena de oficiales y suboficiales de menor rango, por los infames "falsos positivos" con decenas de muertos denunciados en las últimas semanas.
Está muy bien que se empiece a limpiar el Ejército (y la Policía, y el DAS), y ya iba siendo hora: sólo falta un año para que venza la reserva de siete que establecieron al alimón el presidente saliente Andrés Pastrana y el entrante Álvaro Uribe ante la Corte Penal Internacional, blindando al Estado colombiano frente a las responsabilidades por crímenes de guerra durante el tiempo que según su cálculo optimista tomaría derrotar a la subversión en Colombia.Está muy bien que los crímenes se reconozcan. Y que se acepte por primera vez que no se trata de actos aislados de "elementos descorregidos", de "manzanas podridas", de "ovejas negras" que no entrañan responsabilidad institucional ni política de sus superiores, sino que, por el contrario, la comprometen tanto por omisión como por acción. Pero la necesaria limpieza del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea, de la Policía, del DAS, de todos los organismos secretos del Estado, habrá que repetirla una y otra vez, indefinidamente, mientras no cambien de verdad las convicciones profundas de los militares que hacen la guerra y de los civiles que la ordenan desde el poder político. La convicción profunda, reforzada además por el adiestramiento y el ejemplo recibidos de los Estados Unidos, de que todo vale en la guerra contra la subversión, hoy llamada narcoterrorista; ayer, comunista; antier, bandolera. De que valen el asesinato y la tortura, la desaparición forzada, la expulsión, porque el enemigo no merece respeto.Todo vale porque la vida no vale nada. La de los demás: esos, literalmente, desechables que constituyen el grueso del pueblo colombiano (y que hay que distinguir, claro, de los llamados "colombianos de bien"). Los desechables se pueden desechar. Usar y tirar. Eliminar cuando ya no sirven. Intercambiar. Pueden ser usados indiferentemente como guerrilleros o como paramilitares, como sicarios de la mafia o como mensajeros de moto o como desempleados o como subempleados o como reinsertados o como votantes cautivos o como víctimas de los "falsos positivos militares". Su vida real no importa, salvo desde el ángulo de la estadística. Por eso puede el coronel Plazas Vega, aquel que "defendía la democracia, maestro", decir que los cadáveres de los desaparecidos de la cafetería del Palacio de Justicia están donde no están, y tiene que salir Medicina Legal a desmentirlo. Ah, ¿eran otros muertos? Da lo mismo.Para saber si los pases a retiro de unos cuantos oficiales significan que de verdad está cambiando esa convicción profunda de que hablo hay que ver si son seguidos de algo más: de juicios, de condenas. Pues la desaparición forzada, que trabajosamente fue por fin tipificada como delito en el año 2000, no ha tenido en los siete años transcurridos desde entonces ningún acusado, ningún procesado, ningún condenado, pese a que sigue afectando a unas quinientas personas cada año. Y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, firmada por el gobierno de Colombia en septiembre de 2007, no ha sido ratificada todavía. Y en la discusión que se adelanta en el Congreso sobre la Ley de Víctimas, el gobierno y sus parlamentarios leales se rehúsan obstinadamente a reconocer como víctimas

Que Viva La Revolución

Cuando el Presidente Obama habló en su discurso de toma de posesión sobre el cambio climático y el uso de la energía en el futuro, fue difícil que alguien como yo no se emocionara. La esperanza, por fin, brilla en Washington. Dicha esperanza tiene muchas facetas. La más cercana a mi corazón es el deseo del nuevo Presidente de movilizar la energía limpia para combatir tres de las mayores amenazas que enfrenta la civilización moderna, todas al mismo tiempo: la crisis financiera actual, la crisis climática en curso y la inminente crisis energética global.

“Cada día vemos mayor evidencia de que las formas como utilizamos la energía fortalecen a nuestros adversarios y amenazan a nuestro planeta”, dijo Obama. Se requerirán medidas atrevidas: un rediseño total de las economías. “Volveremos a situar la ciencia en el lugar que le corresponde”, dijo, y entre los asuntos más importantes en la agenda de este renacimiento, éste: “Aprovecharemos el sol y los vientos y la tierra para mover nuestros automóviles y hacer funcionar nuestras fábricas”.

Veamos lo que significan estas palabras para alguien con un recorrido como el mío. En mi juventud me cautivó la geología, por lo que me sumergí en el estudio de los cambios naturales de nuestro planeta a lo largo de millones de años de eras geológicas. Hace apenas un poco más de treinta años ingresé a una facultad universitaria, en el Imperial College of Science and Technology, para investigar la historia de la Tierra. Se trataba de una escuela donde se entrenaba a una minoría selecta para trabajar en las industrias extractoras y, como la mayoría de mis colegas, yo era consultor de la industria petrolera alrededor del mundo, a la vez que entrenaba a quienes serían su fuerza laboral en el futuro.

Poco imaginaba que un día consideraría que dicho pasado es algo para lamentar, y que la industria petrolera es un negocio que se prepara para embargar el futuro de la civilización. Una parte de mis investigaciones tenía que ver con el tipo de rocas de donde proviene el petróleo, y otra consistía en la historia de los océanos. Mientras más descubrimientos hacía en el curso de dichas investigaciones oceánicas, más percibía lo frágil y lo fundamentalmente cambiable que es nuestro planeta.

En la década de los años 80, un número creciente de científicos comenzó a preocuparse de que la quema de combustibles fósiles como el petróleo, el carbón y el gas, desestabilizaría el clima global relativamente tranquilo que la humanidad ha disfrutado durante la evolución de la civilización. Al quemar dichos combustibles, ya sea en centrales eléctricas, automóviles, aviones o edificios, se producen gases de efecto invernadero. Estos gases retienen el calor dentro de la delgada atmósfera terrestre. En esa época me fue permitido dictar unas pocas conferencias para darles a conocer a los estudiantes el problema del efecto invernadero. Eran llamadas por mis colegas del departamento “las clases de estudios liberales del Profesor Leggett”.

Los tiempos cambian: al menos en cuanto a la percepción de los problemas globales, aunque no haya un cambio para enfrentarlos. Hoy en día, creer que podemos continuar vertiendo miles de millones de toneladas de gases radioactivos dentro de nuestra delgada atmósfera cada año sin causar un daño considerable, es un poco semejante a creer que la Tierra es plana.

Son muchas las maneras como podríamos detener las emisiones de gases de efecto invernadero si quisiéramos hacerlo colectivamente y con seriedad. La mayoría de ellas tiene que ver con la forma como usamos la energía, ya que la quema de combustibles fósiles puede reemplazarse con una numerosa familia de fuentes de energía renovable, además de la eficiencia energética y la conservación de la energía. En 1989, me retiré del mundo universitario para unirme a la campaña de Greenpeace a favor del cambio hacia una energía limpia y eficiente.

Luego de siete años de cabildeo en y alrededor de las negociaciones internacionales sobre el clima, y de duras lecciones en la que algunos llamarían realpolitik, me convencí de que los gobiernos oponen una fuerte resistencia antes de hacer un llamado a una repuesta colectiva significativa hacia el cambio climático.

Podía ver algunas señales de responsabilidad corporativa potencialmente valiosa, pero eran muy pocas y avanzaban muy lentamente. Decidí, entonces, hacer un intento para establecer mi propio microcosmos de esperanza en el mundo de los negocios.

Fundé una pequeña compañía para intentar instalar, en edificios, tanta energía solar como fuera posible. No lo hice porque considerara que la energía solar es la panacea. Es sólo un miembro de una gran familia de soluciones, nada más y nada menos. Pero es una solución particularmente ingeniosa, y además un poco mágica. Al igual que muchos otros partidarios de la energía solar, creo que puede ser el pilar del suministro de energía en una sociedad futura, donde la cordura nos permita sobrevivir. A la compañía le puse por nombre Solar Century (Siglo Solar), porque eso es lo que pienso que debe ser el siglo XXI. Hoy en día es la empresa privada de energía de más rápido crecimiento de las de su clase en el Reino Unido; una pequeña parte de un mercado global de $50 mil millones de libras al año.

Los inversionistas de Silicon Valley reconocen 50 familias de interesantes tecnologías de energía limpia. Muchas de estas familias están creciendo rápidamente. Una revolución industrial verde era viable aun antes del comienzo de la presidencia de Obama. Si se mantiene fiel a su visión, estará trabajando con el filón.

En la década de los años 90, los científicos empezaron a hablar del pico del petróleo casi en la misma forma en que habían empezado a hablar del cambio climático en los años 80. La industria global de petróleo y gas pronto se verá en dificultades para suplir la demanda de sus productos manifiestamente limitados, dijeron. Un número creciente de personas dentro y alrededor de la industria del petróleo está advirtiendo ahora que la producción está cerca a su pico y está en peligro de empezar a declinar próximamente.

Todavía hay muchos que refutan este análisis del pico del petróleo, pero entre estos escépticos hay muchos que sí aceptan que la era del petróleo fácil ha terminado y/o que la actual geopolítica de las reservas de petróleo y gas hace que la mayoría de las naciones enfrente profundas amenazas en su seguridad energética. Mayor razón de peso, entonces, para “convertirnos a la energía solar” y tomar la vía rápida hacia todas las demás tecnologías de la revolución industrial verde.

Veamos también las implicaciones para el empleo. Las industrias que funcionan con energía verde tienden a emplear mayor mano de obra que las industrias a base de combustibles fósiles, las cuales nos han llevado por tan mal camino. Un mega vatio de capacidad eléctrica producido por energía solar, por ejemplo, requiere entre 7 y 11 personas, comparado con una persona que se requiere si la electricidad proviene de combustibles fósiles.

Esto significa que mientras los gobiernos y las empresas invierten para tratar de reconstruir las ruinas económicas ocasionadas por los banqueros fuera de control, crearán muchos más empleos que si solamente reconstruyen el fracasado (y medioambientalmente ruinoso) statu quo energético.

Con estos antecedentes, espero se me perdone por escuchar al Señor Obama y pensar “Vive Le Revolution”.

*Jeremy Leggett es presidente de la compañía Solar Century y de la organización benéfica Solar Aid. Es el autor del libro Half Gone: Oil, Gas, Hot Air and the Global Energy Crisis / Medio Consumido: Petróleo, Gas, Aire Caliente y la Crisis Energética Global.

Gota a gota

La semana pasada un reportaje de la Revista Cambio reveló la dimensión del mercado de crédito informal en Colombia: ocho de cada diez créditos son informales. Nada más indicativo de la realidad nacional que un problema que expresa tanto las falencias de la economía formal para incluir a toda la población dentro de un capitalismo democrático como los problemas de valores y conductas de los colombianos.

Puede que en términos de volumen total de recursos del sector financiero, los créditos informales no constituyan una porción tan alta de la asignación de préstamos. Pero el hecho de que el mayor número de transacciones crediticias no sean producto de instituciones financieras reguladas por el Estado, es una advertencia que la economía formal del país presenta graves fallas en cuanto a su democratización. El crédito, una de las partes fundamentales del capitalismo moderno, es un servicio de lujo.

En teoría una banca democrática cumple la función de captar los ahorros de la sociedad para que su clase empresarial pueda financiar la producción económica. A cambio de utilizar esos recursos los empresarios pagan unos intereses que incluyen las pérdidas de los préstamos no recuperados. Una banca eficiente debe evitar los préstamos a empresarios que no estén en condiciones de pagar porque encarece el crédito a quienes sí están comprometidos en ampliar el sector productivo nacional.

La decisión de no pagar un crédito puede obedecer a que el empresario simplemente no tiene cómo hacerlo -por quiebra o iliquidez- o a que por razones éticas decide no cumplir sus deudas. Los bancos deben entonces identificar las probabilidades de pago de los empresarios para evitar que la plata de los ahorradores se diluya. Existen tres mecanismos básicos para garantizar que los clientes cumplan sus compromisos: activos físicos, fiadores e historial crediticio.

El problema en Colombia es que un 80% de los clientes de préstamos no cuentan ni con activos ni con fiadores ni con historial de crédito para acceder a la banca formal. Deben buscar créditos en el sector informal que cuenta con otro mecanismo para garantizar los pagos: la disuasión armada. La violencia se convierte así en un medio alternativo para lograr que los potenciales clientes acudan al sistema sólo cuando están seguros de poder pagar, y de paso, evitan que muchos individuos pobres de ética decidan eludir sus compromisos crediticios. En otras palabras, el sistema bancario informal es un caso más donde la violencia se convierte en un mecanismo efectivo de regulación económica para aquella población que no puede ser atendida por el sector formal debido a sus barreras estructurales (falta de activos, conocimientos de las transacciones, etc).

Lo más grave es que la mayoría de esos clientes son capaces de pagar las tasas de usura del sector informal. Los famosos sistemas de ‘gota a gota’, pese a su brutalidad e infamia, cumplen una función importante al permitir a muchos empresarios de bajos recursos y nula liquidez sobrevivir en medio de riesgosas transacciones. Sin importar los problemas de estos sistemas económicos los individuos cumplen sus obligaciones.

La gran pregunta es: ¿cumplirían estos mismos individuos sus obligaciones si no existiera una amenaza violenta? Si fuera así los bancos no tendrían mayores problemas para atenderlos. Quizá este ejemplo sea una advertencia de los problemas éticos que afronta la sociedad colombiana y que deberíamos reconocer si quisiéramos en verdad modernizar nuestra sociedad.

(*) Profesor de la Universidad de Los Andes